Senado rechaza proyecto que busca suspender por cinco años la Ley Karin y propone perfeccionar su aplicación
La Mesa Directiva del Senado manifestó su rechazo al proyecto presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados que busca suspender durante cinco años la aplicación de la Ley Karin, calificando la iniciativa como un “camino equivocado” para abordar las dificultades que ha generado su implementación.
A través de una declaración pública, la Cámara Alta sostuvo que la normativa fue aprobada con un amplio respaldo político y transversal en el Congreso, debido a la necesidad de fortalecer la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en los espacios de trabajo.
Desde la Mesa Directiva reconocieron que, como ocurre con cualquier legislación reciente, la Ley Karin puede requerir ajustes y perfeccionamientos. Sin embargo, señalaron que estas dificultades no justifican suspender su aplicación.
“La implementación puede requerir ajustes y perfeccionamientos. Sin embargo, ello no justifica suspender una norma que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas”, señalaron.
Senado plantea modificar el reglamento
En lugar de suspender la normativa, la Mesa del Senado propuso concentrar los esfuerzos en mejorar el reglamento que establece los procedimientos para su aplicación.
Entre las medidas planteadas se encuentra el fortalecimiento de los requisitos para admitir denuncias y la definición de estándares más exigentes para su presentación. El objetivo sería garantizar que las acusaciones cuenten con antecedentes suficientes antes de iniciar una investigación formal.
De esta manera, la directiva de la Cámara Alta reafirmó su respaldo a la continuidad de la Ley Karin, aunque manifestó disposición a realizar modificaciones que permitan corregir eventuales problemas en su implementación.
La propuesta de suspender la normativa por cinco años ha generado debate entre parlamentarios, mientras distintas autoridades han planteado la necesidad de evaluar cambios para evitar un uso inadecuado de sus mecanismos, manteniendo su objetivo de proteger a los trabajadores frente al acoso y la violencia laboral.
