Corte de Apelaciones confirma que exalcaldesa de Puerto Natales seguirá sin medidas cautelares
En un fallo dividido, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Puerto Natales que rechazó imponer medidas cautelares a la exalcaldesa de la comuna, Antonieta Oyarzo Alvarado.
El tribunal de alzada consideró que la Fiscalía no presentó antecedentes suficientes para acreditar la necesidad de cautela ni establecer, en esta etapa del proceso, la configuración de los delitos que se le imputan a la exautoridad.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Oyarzo habría participado en la apropiación de más de $88 millones correspondientes a cotizaciones previsionales y otros $13 millones destinados a salud, dineros que fueron descontados a trabajadores de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales entre agosto de 2022 y diciembre de 2023.
Corte descarta riesgo de fuga
Uno de los argumentos planteados por la Fiscalía para solicitar medidas cautelares estaba relacionado con un eventual riesgo de fuga hacia Argentina, debido a la cercanía de Puerto Natales con la frontera.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones descartó que esta condición geográfica, por sí sola, permita establecer un peligro concreto de evasión.
Los ministros consideraron además que la exalcaldesa no registra antecedentes penales, mantiene arraigo familiar y local, ha asistido a las audiencias judiciales y se presentó voluntariamente a declarar durante la investigación.
El tribunal sostuvo que las medidas cautelares deben sustentarse en antecedentes concretos y suficientes, por lo que la sola posibilidad de abandonar el territorio nacional no puede ser considerada automáticamente como un riesgo procesal.
Con esta resolución, la Corte confirmó la decisión de no imponer restricciones para que Oyarzo pueda salir del país mientras continúa la investigación.
Cabe recordar que la causa se encuentra en desarrollo y que la exalcaldesa mantiene la calidad de imputada, por lo que los hechos investigados y los cargos que se le atribuyen deberán ser determinados durante el proceso judicial.
