Gobierno presenta reforma constitucional para reforzar las facultades del Estado frente al crimen organizado
El Gobierno ingresó al Senado una reforma constitucional que propone modificar ocho aspectos de la Carta Fundamental con el objetivo de fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado y ampliar las facultades en materia de seguridad pública.
La iniciativa contempla cambios en distintos ámbitos, incluyendo nuevas medidas para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado y terrorismo, la creación de registros de organizaciones criminales y un nuevo estado de excepción constitucional destinado a enfrentar situaciones consideradas graves para la seguridad pública.
Uno de los puntos que genera mayor atención es la posibilidad de restringir determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos para quienes sean condenados por crimen organizado o terrorismo. La propuesta establece que estas limitaciones podrían aplicarse durante el cumplimiento de la condena y por un período de hasta 15 años posteriores.
Entre las prestaciones que eventualmente podrían ser restringidas se mencionan áreas como salud, educación y jubilación. Sin embargo, será una ley posterior la que deberá determinar específicamente cuáles serán objeto de estas limitaciones.
El ministro encargado de la agenda legislativa, José García Ruminot, explicó que corresponderá al Congreso definir el alcance de estas restricciones, con el objetivo de que la propuesta pueda contar con respaldo político y parlamentario.
Nuevas medidas para condenados por crimen organizado
La reforma también plantea que una ley de quórum calificado pueda establecer penas y medidas especiales para personas condenadas por delitos de crimen organizado y terrorismo.
Dentro de estas disposiciones se contempla la implementación de regímenes penitenciarios diferenciados a cargo de Gendarmería. Además, quienes sean condenados por crimen organizado quedarían inhabilitados de manera permanente para ejercer cargos públicos.
La propuesta también establece que estas personas no podrían acceder durante 15 años a penas sustitutivas ni a determinados beneficios penitenciarios.
Registro de organizaciones criminales
Otro de los cambios busca permitir que mediante una ley se creen registros de organizaciones criminales, los que podrían tener consecuencias en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes.
No obstante, la iniciativa establece que la existencia de uno de estos registros no reemplazaría la obligación del Ministerio Público de acreditar individualmente la participación de cada imputado en los delitos investigados.
Presidente podría declarar organizaciones como terroristas o criminales
La reforma contempla además una nueva atribución para el Presidente de la República: declarar que una agrupación determinada constituye una organización terrorista o de crimen organizado.
Sin embargo, esta declaración no tendría efectos por sí sola, ya que debería ser ratificada por el Senado mediante una sesión secreta y con el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio.
La Cámara Alta dispondría de un plazo de cinco días para pronunciarse. Si no lo hiciera dentro de ese período, la declaración presidencial se entendería rechazada.
Proponen nuevo estado de excepción de seguridad pública
Uno de los principales cambios planteados corresponde a la creación de un nuevo estado de excepción constitucional denominado estado de excepción de seguridad pública.
Para ello, la reforma incorpora como nueva causal la existencia de una “amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad pública”.
En caso de ser declarado, el Presidente podría determinar las zonas del territorio nacional donde se aplicaría la medida.
El nuevo estado de excepción tendría una duración máxima de 120 días y podría ser prorrogado una vez por el mismo período sin requerir autorización del Congreso. Para nuevas extensiones, en cambio, sería necesario contar con la aprobación del Parlamento.
La zona bajo estado de excepción quedaría a cargo de un oficial general designado por el Presidente, quien además tendría la obligación de informar al Congreso sobre las medidas implementadas.
La propuesta también modifica las disposiciones relativas a los derechos que pueden ser restringidos durante los estados de excepción. Para el nuevo estado de seguridad pública se permitirían las mismas restricciones contempladas actualmente para otros estados de excepción constitucional.
Finalmente, el proyecto incorpora una modificación al artículo 1° de la Constitución para establecer expresamente que el Estado tiene el deber de resguardar no solo la seguridad nacional, sino también la seguridad pública.
De esta manera, la iniciativa entrega al Senado un nuevo mecanismo de control sobre las declaraciones presidenciales relacionadas con organizaciones terroristas o de crimen organizado, estableciendo para su ratificación un quórum de dos tercios de los senadores en ejercicio.
