El Presidente José Antonio Kast se refirió a la propuesta presentada por un grupo de parlamentarios oficialistas para suspender por cinco años la aplicación de la Ley Karin, asegurando que toda legislación puede ser perfeccionada, aunque enfatizó que su finalidad debe mantenerse.
Las declaraciones del Mandatario se producen luego de que diputados del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano y un legislador independiente impulsaran una iniciativa argumentando que existen falencias en la implementación de la normativa.
En paralelo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que el Gobierno evalúa realizar ajustes al reglamento de la Ley Karin, precisando que estas modificaciones no alterarán la estructura ni el espíritu de la legislación. Asimismo, explicó que una parte importante de las denuncias recibidas corresponde a situaciones vinculadas al clima laboral y no necesariamente a conductas reguladas por la norma.
Desde Colombia, donde se encuentra en actividades oficiales, el Presidente Kast reiteró que todas las leyes pueden ser objeto de mejoras durante su aplicación, tal como ha ocurrido con otras iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo.
En esa línea, indicó que el Gobierno solicitó al Consejo Superior Laboral —integrado por representantes del Ejecutivo, empleadores y trabajadores— analizar el funcionamiento de distintas normas laborales con el fin de proponer eventuales perfeccionamientos que contribuyan a mejorar las condiciones laborales.
El jefe de Estado sostuvo además que, al igual que ocurre con otras leyes, existen casos en que algunas personas utilizan la normativa con fines distintos a aquellos para los que fue creada, situación que, a su juicio, debe ser revisada.
Como ejemplo, mencionó la Ley Lafkenche, señalando que fue concebida con un propósito específico, pero que, según afirmó, en algunos casos habría derivado en abusos.
Finalmente, Kast reiteró que el objetivo de la Ley Karin es prevenir y sancionar situaciones de acoso y violencia en los espacios laborales, por lo que aseguró que cualquier modificación deberá resguardar ese propósito, evitando que un uso inadecuado de la normativa termine perjudicando su correcta aplicación.
