Gobierno prepara cambios a la Ley Karin y propone filtro previo para denuncias
A dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin, el Gobierno prepara una serie de modificaciones a su aplicación, contenidas en un borrador de reglamento que ya ha sido presentado a distintos gremios empresariales y al Consejo Superior Laboral.
La propuesta busca abordar uno de los principales desafíos detectados durante la implementación de la normativa: diferenciar situaciones que podrían constituir acoso o violencia laboral de aquellos conflictos propios de la gestión cotidiana en los lugares de trabajo.
Uno de los cambios centrales estaría en el inicio del procedimiento. Actualmente, la legislación impide realizar un control de admisibilidad de las denuncias, mientras que el borrador plantea que la Dirección del Trabajo efectúe una evaluación previa para determinar si existen antecedentes suficientes que permitan iniciar una investigación.
Nuevo filtro para las denuncias
De acuerdo con la propuesta, la Dirección del Trabajo deberá verificar que las denuncias cumplan con los requisitos establecidos, que la relación laboral se encuentre vigente y que los hechos descritos correspondan a situaciones contempladas por la Ley Karin.
En caso de que los antecedentes sean insuficientes o presenten inconsistencias, el denunciante tendría un plazo de tres días para complementar la información.
El borrador también contempla la posibilidad de utilizar sistemas automatizados para realizar un análisis inicial de los antecedentes, aunque cualquier mecanismo de este tipo deberá contar con supervisión humana.
La intención es establecer una evaluación previa que permita determinar qué casos requieren la activación del procedimiento de investigación, evitando que todas las denuncias ingresen automáticamente al mismo proceso.
Más de 68 mil denuncias
Los cambios se plantean en medio del aumento de la carga de trabajo para la Dirección del Trabajo desde la implementación de la normativa.
Según las últimas cifras entregadas por el Gobierno, se han registrado 68.468 denuncias relacionadas con materias asociadas a la Ley Karin.
De ese total, 27.801 denuncias, equivalentes al 40%, fueron preclasificadas como Ley Karin, mientras que 30.565, correspondientes al 45%, no fueron clasificadas bajo esta normativa. El 15% restante permanecía en proceso de preclasificación.
Actualmente, cerca del 20% de los funcionarios de la Dirección del Trabajo desarrolla labores relacionadas con la aplicación de la Ley Karin. Se trata de 448 trabajadores de una dotación nacional de 2.360 funcionarios, aunque solo 100 tienen dedicación exclusiva a estas materias.
Seguimiento de las investigaciones
El borrador también propone implementar mecanismos que permitan a las personas involucradas conocer el estado de sus investigaciones mediante un número de seguimiento asignado a cada procedimiento, manteniendo la confidencialidad de los antecedentes.
Una vez finalizada la investigación, el informe deberá ser notificado al empleador, a la persona afectada y al denunciado dentro de un plazo de dos días, mediante medios electrónicos u otro mecanismo previamente acordado.
Asimismo, se busca avanzar desde los documentos en papel hacia formatos electrónicos para registrar las declaraciones de las personas involucradas.
Nuevas medidas de resguardo
La propuesta contempla además ampliar las medidas de protección disponibles para quienes presentan una denuncia. A las alternativas actuales, como la separación de espacios físicos, redistribución de la jornada y atención psicológica, se sumarían medidas como la separación virtual, cambios de equipo o de líneas de reporte y canales específicos de comunicación.
El borrador establece también que la atención temprana deberá proporcionarse dentro de un plazo máximo de tres días hábiles.
Además, se plantea considerar la opinión de la persona denunciante al momento de determinar las medidas de resguardo que serán aplicadas durante el procedimiento.
Investigación interna podría tener mayor protagonismo
Otro de los aspectos que podría cambiar corresponde a la forma en que se realizan las investigaciones cuando una denuncia involucra al empleador o a su representante.
Actualmente, estos casos deben ser derivados a la Dirección del Trabajo. Con la nueva propuesta, el empleador podría optar entre derivar la denuncia a la DT o realizar una investigación interna mediante un equipo independiente compuesto por al menos dos personas, o recurrir a terceros externos.
El borrador plantea, además, que los empleadores prioricen la investigación interna cuando cuenten con las condiciones y recursos necesarios para desarrollarla de manera adecuada.
