El debate por la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) sumó un nuevo antecedente luego de que el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, reconociera que la propuesta impulsada por el Gobierno contempla el riesgo de que puedan producirse casos de discriminación arbitraria durante los procesos de admisión, aunque aseguró que el proyecto incorpora mecanismos para prevenir y sancionar este tipo de situaciones.
Durante una entrevista, la autoridad explicó que la iniciativa busca reincorporar el mérito académico y ampliar los criterios de asignación de cupos, permitiendo una mayor participación de los establecimientos educacionales en la selección de sus estudiantes.
En ese contexto, Rodríguez reconoció que al otorgar un rol más activo a los colegios existe la posibilidad de que se produzcan situaciones de discriminación arbitraria, aunque enfatizó que el objetivo del proyecto no es eliminar las regulaciones actuales ni volver a un sistema sin controles.
El subsecretario detalló que la propuesta contempla una fiscalización previa por parte del Ministerio de Educación, que revisará los procedimientos de admisión antes de su implementación para verificar que no vulneren la normativa vigente.
Asimismo, indicó que los directores de los establecimientos deberán suscribir una declaración jurada para llevar adelante estos procesos, advirtiendo que el incumplimiento de dicho compromiso podría generar consecuencias legales e incluso penales.
Además, explicó que las familias que consideren haber sido víctimas de discriminación durante el proceso de admisión podrán presentar denuncias ante la Superintendencia de Educación, organismo encargado de investigar eventuales irregularidades.
Respecto a la tramitación legislativa, Rodríguez reconoció que durante la discusión en comisión no fue posible alcanzar acuerdos con la oposición debido a las diferencias sobre el diseño de la reforma.
Pese a ello, aseguró que el Ministerio de Educación mantiene la disposición de introducir mejoras al proyecto durante su paso por el Senado, siempre que no se modifiquen los principales objetivos de la iniciativa, entre ellos la reincorporación del mérito académico y una mayor participación de los establecimientos en los procesos de admisión escolar.
