Encuesta Agenda Criteria revela amplio respaldo a medidas de seguridad, pero baja confianza en su cumplimiento
La seguridad se mantiene como la principal preocupación de los chilenos, aunque existe una marcada distancia entre el respaldo ciudadano a las medidas anunciadas por el Gobierno de José Antonio Kast y la confianza en que estas efectivamente se concreten.
De acuerdo con la última encuesta Agenda Criteria, un 28% de los consultados considera que mejorar la seguridad es la acción más urgente que debe abordar el país, seguida por mejorar la salud pública (16%), generar más empleos y mejores remuneraciones (15%) y reactivar la economía (12%).
El sondeo también evidenció que la ciudadanía está dispuesta a priorizar la seguridad por sobre determinadas libertades. Un 73% afirmó que prefiere mayor seguridad, aun cuando ello implique ceder ciertas libertades, cifra que supera en cinco puntos el resultado registrado en 2022.
La prioridad por la seguridad atraviesa distintos sectores políticos: alcanza un 86% entre quienes se identifican con la derecha, un 68% en el centro y un 51% en la izquierda.
Mayoría pide nuevas herramientas contra la delincuencia
Pese a la relevancia que tiene la seguridad entre las preocupaciones ciudadanas, la evaluación de la gestión del actual Gobierno es menos favorable.
Un 54% considera que el desempeño del Ejecutivo en seguridad y control de la delincuencia ha sido peor o mucho peor de lo esperado. En tanto, un 19% estima que ha sido mejor o mucho mejor y un 27% señala que se mantiene dentro de sus expectativas.
Asimismo, un 61% prefiere que el Gobierno concentre sus esfuerzos en aprobar nuevas leyes y entregar mayores atribuciones para combatir la delincuencia, mientras que un 30% considera prioritario implementar de manera completa las normas que ya se encuentran vigentes.
Alto respaldo a las propuestas, pero menor confianza en su concreción
Las medidas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo obtienen altos niveles de aprobación entre los encuestados.
La propuesta de aumentar las penas por reclutar menores para cometer delitos y aquella que busca establecer la pertenencia a una organización criminal como un delito con penas agravadas alcanzan un 94% de respaldo.
También cuentan con amplio apoyo el despliegue policial permanente en 50 barrios críticos (90%), un régimen penitenciario especial para narcotraficantes (84%), el reforzamiento de las fronteras mediante zanjas, drones y sistemas de monitoreo (82%) y una mayor protección legal para policías y militares que actúen en legítima defensa (75%).
Sin embargo, la confianza en que estas medidas lleguen a implementarse es considerablemente menor y se ubica entre 53% y 69%.
El régimen penitenciario especial para narcotraficantes registra un 53% de confianza en su cumplimiento, mientras que el despliegue policial permanente en 50 barrios críticos llega al 55%.
La diferencia entre respaldo y expectativas alcanza los 31 puntos porcentuales en el caso del régimen penitenciario especial y llega a 35 puntos respecto del despliegue policial, la mayor brecha entre las iniciativas evaluadas.
Resultados se conocen tras Operación Cancerbero
La encuesta fue difundida luego de la denominada Operación Cancerbero, operativo mediante el cual 687 internos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario La Laguna, en Talca.
Según informó el Gobierno, entre los reclusos trasladados se encontraban integrantes de organizaciones de crimen organizado, incluidos líderes y miembros de distintas estructuras delictivas.
El procedimiento involucró un amplio despliegue de Gendarmería y Carabineros y se desarrolló en medio de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
Reforma constitucional genera debate político
El sondeo también se conoció mientras continúa la discusión en torno a los borradores de una reforma constitucional en materia de seguridad, impulsada por el Gobierno como parte de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.
La propuesta busca incorporar nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, además de establecer el deber del Estado de resguardar la seguridad pública.
Uno de los borradores que se conoció públicamente contemplaba un régimen penitenciario diferenciado para condenados por delitos vinculados al crimen organizado y el terrorismo, incluyendo restricciones a las comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios.
El documento también generó controversia por una propuesta que contemplaba restricciones en el acceso a determinadas prestaciones financiadas por el Estado. El Gobierno posteriormente señaló que el texto difundido correspondía a una versión antigua.
En medio de la discusión, desde la oposición y sectores oficialistas surgieron cuestionamientos respecto del alcance de algunas de las medidas incluidas en los borradores.
Ciudadanía divide responsabilidades por la situación de seguridad
La encuesta también consultó sobre las responsabilidades frente a la actual situación de seguridad del país.
Un 35% atribuye principalmente los problemas actuales a situaciones heredadas de la administración anterior, mientras que un 32% considera que responden a una combinación de factores y un 27% responsabiliza directamente al actual Gobierno.
Las respuestas muestran diferencias según la posición política de los encuestados. Mientras un 62% de quienes se identifican con la derecha apunta principalmente a la herencia recibida, un 50% de los consultados de izquierda atribuye la situación a las decisiones y acciones de la actual administración.
La encuesta Agenda Criteria fue realizada el 13 de agosto a 802 personas mayores de 18 años, residentes en distintas zonas del país, mediante un panel en línea.
