Alcalde de Rinconada incumple por tercera vez arresto domiciliario nocturno en causa por presuntas irregularidades
El alcalde de Rinconada, Juan Galdames, registró un tercer incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que mantiene en su contra, luego de que Carabineros no lo encontrara en su domicilio durante un control realizado en agosto.
El jefe comunal permanece desde mayo sujeto a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, en el marco de una investigación por los delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible, falsificación y uso malicioso de instrumento público.
De acuerdo con los antecedentes policiales, el nuevo incumplimiento ocurrió el pasado 16 de agosto, cerca de las 22:00 horas, cuando funcionarios de Carabineros acudieron hasta el domicilio de Galdames, ubicado en Carretera General San Martín, sin encontrarlo en el lugar.
Esta no sería la primera ocasión en que el alcalde no es ubicado durante los controles. Anteriormente, funcionarios policiales tampoco habrían encontrado al jefe comunal en su vivienda el 30 de julio y el 2 de agosto, durante fiscalizaciones realizadas en horas de la madrugada.
Investigación por compra de terrenos
La causa que involucra a Galdames se relaciona con la compra directa de tres terrenos para el municipio por cerca de $930 millones, operaciones que son investigadas por eventuales irregularidades y posibles sobreprecios que alcanzarían hasta un 3.000%.
En paralelo, el Juzgado de Garantía de Los Andes declaró admisible una querella presentada por el propio alcalde contra tres exconcejales de Rinconada: Juan Castillo, Miguel Ángel Tamaya y Carlos Montenegro.
Galdames acusa a los exediles de haberse coordinado para entregar presuntas declaraciones falsas ante la PDI y el Ministerio Público, situación que, según su defensa, podría constituir obstrucción a la investigación.
El abogado del alcalde, José Villagrán, cuestionó la similitud entre las declaraciones entregadas por los exconcejales y sostuvo que estas responderían a una misma versión previamente coordinada.
Por su parte, la abogada de los exregidores, Ymay Ortiz, rechazó los cuestionamientos y aseguró que sus representados entregaron declaraciones basadas en antecedentes que habían sido recopilados previamente por la Contraloría.
La investigación continúa en desarrollo y será el Ministerio Público y posteriormente los tribunales los encargados de determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.
