Dueño de terrenos de la megatoma de San Antonio acusa al Estado de dilatar desalojo
El empresario Esteban Solari Bertoglia, propietario de las 260 hectáreas del cerro Centinela que fueron ocupadas desde 2019 en la denominada megatoma de San Antonio, decidió romper su silencio y entregar su versión sobre el extenso conflicto que ha enfrentado con el Estado.
El dueño del terreno acusó a la administración del expresidente Gabriel Boric de haber retrasado la ejecución de la orden de desalojo dictada por la Corte Suprema, asegurando que dicha demora terminó trasladando el complejo escenario a la actual administración.
La ocupación comenzó el 19 de octubre de 2019, cuando cerca de 500 personas ingresaron a los terrenos pertenecientes a la familia Solari. Con el paso del tiempo, el asentamiento irregular aumentó considerablemente hasta alcanzar unas 4.000 familias, situación que, según el empresario, terminó paralizando proyectos inmobiliarios y de vivienda social que estaban contemplados para el sector.
Solari rechazó las versiones que apuntaban a una eventual responsabilidad de los propietarios en el origen de la ocupación y afirmó que antes de las usurpaciones existían terrenos comprometidos con inmobiliarias y constructoras para desarrollar distintos proyectos.
Cuestionamientos al proceso de desalojo
El empresario centró parte de sus críticas en la gestión del exministro de Vivienda Carlos Montes, cuestionando el manejo de las autoridades tras la resolución de la Corte Suprema que ordenó el desalojo.
Según relató, durante el proceso participaron en numerosas reuniones con representantes del Estado y se les habría señalado que existía financiamiento para concretar la compra de los terrenos y abordar la situación de las familias que serían desalojadas.
Sin embargo, aseguró que nunca recibió garantías formales respecto de esos compromisos. «Nunca hubo un documento de garantía, nunca hubo financiamiento», sostuvo, cuestionando las gestiones realizadas durante ese período.
Solari también planteó que las autoridades habrían optado por postergar el desalojo debido a las dificultades logísticas y al riesgo de eventuales hechos de violencia durante el procedimiento.
A su juicio, la complejidad del operativo terminó convirtiendo el caso en un problema que las autoridades buscaron trasladar a la siguiente administración.
Disputa por el valor de los terrenos
Otro de los puntos centrales del conflicto corresponde al proceso de expropiación y al valor establecido para los terrenos.
Solari cuestionó que el Estado haya fijado montos que, según sus declaraciones, representarían menos de una décima parte del valor comercial del suelo. Además, manifestó su rechazo a que se utilicen terrenos privados para implementar políticas públicas sin una compensación que considere su valor de mercado.
El empresario aseguró que su principal objetivo no es obtener un mayor pago por las hectáreas, sino recuperar la totalidad del terreno original.
En ese sentido, adelantó que continuará recurriendo a las instancias judiciales correspondientes para defender sus derechos sobre el predio y buscar una solución al conflicto que se extiende desde hace casi siete años.
