Argentina alerta a Chile por compra de terrenos fronterizos por parte de organizaciones criminales para controlar pasos ilegales
Autoridades argentinas expusieron ante el Senado chileno antecedentes sobre grupos delictivos que habrían adquirido estancias cercanas a la frontera con el objetivo de facilitar el traslado de mercancías ilegales y la trata de personas hacia territorio nacional.
Una preocupante advertencia sobre el accionar de organizaciones criminales en la Patagonia fue presentada ante el Senado chileno, luego de que autoridades argentinas informaran sobre la presunta compra de terrenos ubicados en sectores fronterizos con Chile.
Los antecedentes fueron expuestos por representantes del Ministerio Público argentino durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta realizada en la Región de Magallanes, donde se abordó la situación de los pasos fronterizos y las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.
El fiscal general interino de la Unidad Fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate, señaló que el trabajo coordinado entre las autoridades de ambos países permitió identificar a organizaciones que buscaban utilizar predios ubicados en territorio argentino para facilitar el ingreso hacia Chile mediante pasos no habilitados.
De acuerdo con el persecutor, estos grupos habrían adquirido estancias estratégicamente ubicadas con el propósito de contar con acceso a rutas alternativas hacia territorio chileno. Entre las actividades ilícitas detectadas se encuentran el tráfico de cigarrillos y la trata de personas.
Zárate destacó además el apoyo de las policías chilenas y el uso de drones para identificar las rutas empleadas por los grupos delictivos. Según explicó, este trabajo permitió verificar los sectores utilizados para concretar los cruces fronterizos por lugares no habilitados.
Pese a la gravedad de los antecedentes expuestos, desde el Gobierno chileno señalaron que actualmente no existe una alerta activa de estas características registrada en las fronteras nacionales. No obstante, indicaron que se mantiene un trabajo permanente de reforzamiento y monitoreo de la zona.
En tanto, el seremi de Bienes Nacionales, Nicolás Yunge, explicó que existen limitaciones legales para que el Estado pueda intervenir en operaciones de compraventa realizadas entre particulares, incluso cuando los terrenos se encuentran próximos a sectores fronterizos.
La autoridad precisó que Bienes Nacionales no cuenta con atribuciones administrativas para intervenir directamente en este tipo de transacciones, ya que la legislación vigente no establece que las compraventas de propiedades particulares deban ser sometidas previamente a una consulta ante dicha cartera.
Los antecedentes expuestos ante el Senado abren un nuevo foco de preocupación respecto del control de la extensa frontera austral y del eventual uso de propiedades privadas como puntos estratégicos para facilitar actividades vinculadas al crimen organizado y el ingreso clandestino hacia Chile.
