Gobierno impulsa reforma constitucional para reforzar la lucha contra el crimen organizado y crear nuevo estado de excepción
El Gobierno ingresó al Senado una reforma constitucional que busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo. La iniciativa fue enviada con suma urgencia y contempla, entre sus principales medidas, la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.
El proyecto forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo y fue presentado con modificaciones respecto de su versión original, luego de recoger observaciones planteadas por distintos sectores políticos.
Uno de los cambios propuestos establece expresamente en la Constitución que será deber del Estado resguardar la seguridad pública y proteger a la población frente a la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo.
La iniciativa también incorpora un nuevo artículo 9° bis, destinado a establecer un régimen especial para personas condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado y conductas terroristas.
Régimen penitenciario especial para condenados
El proyecto plantea que Gendarmería pueda establecer regímenes penitenciarios diferenciados para este tipo de condenados, incluyendo restricciones a las comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios penitenciarios.
Estas medidas estarían especialmente orientadas a casos en que exista riesgo de que los internos continúen coordinando actividades ilícitas desde los recintos penitenciarios.
Asimismo, quienes sean condenados por estos delitos podrían quedar inhabilitados, durante el cumplimiento de su condena y por los 15 años posteriores, para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos relacionadas con salud, educación, trabajo y seguridad social, según lo que establezca una ley de quórum calificado.
En el caso de las personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, la propuesta contempla además una inhabilitación permanente para ejercer funciones o cargos públicos, junto con restricciones durante 15 años para acceder a penas sustitutivas y beneficios penitenciarios.
Registro de organizaciones criminales
Otra de las medidas contempla la creación de registros oficiales de organizaciones criminales. La inscripción de una agrupación podría tener efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes.
Sin embargo, el proyecto establece que el Ministerio Público deberá continuar acreditando de manera individual la participación de cada imputado en los hechos investigados.
La reforma también propone entregar nuevas atribuciones al Presidente de la República para declarar que una determinada agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
Esta declaración, sin embargo, deberá ser posteriormente ratificada por el Senado con el voto favorable de dos tercios de sus integrantes en ejercicio.
Nuevo estado de excepción de seguridad pública
Uno de los principales ejes de la iniciativa es la creación de un Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, que podría ser decretado ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada.
La medida tendría una duración de hasta 120 días y podría ser prorrogada. Durante su vigencia, el Presidente podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, además del derecho de reunión.
El proyecto también contempla la posibilidad de restringir el derecho de asociación, interceptar o registrar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes, de acuerdo con las condiciones que establezca la legislación.
Desde el Ejecutivo señalaron que el ejercicio de estas nuevas facultades deberá respetar el debido proceso y las garantías constitucionales, argumentando que el objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales complejas y proteger a las víctimas.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó que la propuesta busca establecer la seguridad pública como un mandato constitucional, crear registros de organizaciones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo, implementar un régimen penitenciario especial y avanzar en la creación del nuevo estado de excepción.
Oposición plantea reparos a la iniciativa
Desde la oposición también surgieron distintas opiniones respecto del proyecto. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reconoció que existen diferencias entre los sectores que respaldan la iniciativa, aunque sostuvo que la seguridad constituye una necesidad urgente para la ciudadanía.
Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) cuestionó el alcance político de la reforma y llamó a alcanzar acuerdos con Chile Vamos, sector al que vinculó con una postura orientada a la defensa de la democracia.
El proyecto deberá ahora comenzar su tramitación en el Senado, donde se anticipa un debate en torno al alcance de las nuevas facultades presidenciales, las restricciones para personas condenadas por delitos graves y los límites constitucionales de las medidas propuestas.
