Ley Escuelas Protegidas amplía facultades de colegios y permite regular revisión de mochilas
El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles la promulgación de la ley Escuelas Protegidas, normativa que busca fortalecer la seguridad al interior de los establecimientos educacionales y enfrentar situaciones de violencia, amenazas y porte de armas en las comunidades escolares.
La nueva legislación entrega mayores atribuciones a los colegios para establecer medidas preventivas y disciplinarias dentro de sus reglamentos internos. Entre ellas, contempla la posibilidad de incorporar protocolos para la revisión de mochilas y pertenencias personales de los estudiantes.
De acuerdo con la normativa, estos procedimientos deberán ser realizados por personal capacitado y respetando derechos como la privacidad, la honra y el debido proceso. Además, se establece que las revisiones no podrán incluir controles corporales ni de vestimenta.
Durante la ceremonia de promulgación, el Mandatario defendió la implementación de estas medidas y comparó la revisión de mochilas con los controles de seguridad que se realizan en los aeropuertos, señalando que su objetivo es garantizar la seguridad de todas las personas que integran una comunidad educativa.
La ley también amplía las facultades de los docentes para adoptar medidas pedagógicas, preventivas y disciplinarias de manera inmediata frente a situaciones que alteren el normal desarrollo de las clases.
Entre las nuevas disposiciones se encuentra la prohibición de utilizar elementos que impidan la identificación facial dentro de los establecimientos, salvo excepciones justificadas. Asimismo, las amenazas que provoquen la interrupción de actividades académicas serán consideradas faltas graves.
Otro de los puntos establecidos es la obligatoriedad de que padres y apoderados asistan a citaciones relacionadas con faltas disciplinarias o hechos de violencia escolar.
Cabe señalar que el proyecto original contemplaba otras medidas, como la intervención de Carabineros o la PDI ante una eventual negativa de un estudiante a permitir la revisión de su mochila, además de una restricción de cinco años para acceder a la gratuidad universitaria en casos de condenas por violencia escolar. Sin embargo, ambas disposiciones fueron eliminadas tras la revisión del Tribunal Constitucional.
