Gobierno ingresa al Senado reforma constitucional contra el crimen organizado y el terrorismo
El Gobierno ingresó este lunes al Senado, con suma urgencia, un proyecto de reforma constitucional orientado a fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.
La iniciativa, impulsada en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), busca incorporar modificaciones específicas a la Constitución y establecer la seguridad de las personas como una obligación prioritaria del Estado.
Desde el Ejecutivo han defendido que la propuesta no tiene un carácter refundacional, sino que apunta a introducir cambios acotados para entregar mayores atribuciones y herramientas a las instituciones encargadas de la persecución penal y la seguridad pública.
Tres ejes contempla la propuesta
El proyecto considera tres modificaciones principales.
La primera establece que la seguridad pública constituya una obligación del Estado, incorporando este principio dentro del artículo 1 de la Constitución.
El segundo eje contempla una nueva regulación respecto de la pertenencia a organizaciones criminales y terroristas, junto con la creación de un listado de agrupaciones de esta naturaleza.
Finalmente, la propuesta incorpora un nuevo estado de excepción constitucional, que permitiría al Presidente de la República decretarlo frente a situaciones consideradas de grave alteración de la seguridad pública.
Gobierno defiende alcance de la reforma
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió el proyecto y destacó que se trata de una reforma acotada en materia de seguridad, estructurada en tres áreas destinadas a entregar nuevas facultades y herramientas al Estado.
Desde el oficialismo, además, existe confianza en que la iniciativa pueda avanzar en el Congreso, considerando que la seguridad ciudadana constituye una de las principales preocupaciones de la población.
El presidente del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, también respaldó la propuesta y cuestionó las críticas provenientes de sectores opositores que han planteado que el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en la gestión operativa y no únicamente en cambios legislativos.
Squella sostuvo que el trabajo legislativo puede desarrollarse paralelamente a las labores de seguridad que actualmente impulsa el Ejecutivo.
El proyecto deberá ahora iniciar su discusión en el Senado, donde se espera un debate en torno al alcance de las nuevas atribuciones, el eventual estado de excepción y las modificaciones propuestas a la Constitución.
