Funcionarios del Servicio de Patrullaje Preventivo Municipal de Valparaíso presentaron una carta de 54 páginas al Concejo Municipal en la que denuncian 32 problemas de carácter laboral, operativo, legal y de infraestructura que, según afirman, afectan tanto sus condiciones de trabajo como el funcionamiento del sistema de seguridad comunal.
En el documento, los trabajadores sostienen que estas situaciones ya fueron informadas previamente a la alcaldesa Camila Nieto, a la Administración Municipal y a la Dirección de Seguridad Ciudadana, sin que hasta ahora se hayan implementado soluciones concretas.
Entre las principales demandas figuran el reconocimiento del día saliente tras turnos nocturnos, el pago o compensación de horas extraordinarias en igualdad de condiciones con otros departamentos, la eliminación de descuentos por licencias médicas, la incorporación de un bono de riesgo, compensaciones por capacitaciones financiadas con recursos propios y mayores facilidades para el uso de horas compensatorias.
En el ámbito operativo, los funcionarios denunciaron que son enviados a procedimientos que exceden las facultades legales del patrullaje municipal, como riñas con armas, robos con intimidación, emergencias médicas, fallecimientos y hechos de alta violencia, asegurando que muchas de estas intervenciones se realizan sin protocolos definidos ni respaldo institucional suficiente.
Asimismo, cuestionaron modificaciones en turnos considerados críticos, la falta de personal, deficiencias en la planificación del patrullaje y presuntos incumplimientos del convenio OS-14 suscrito con Carabineros.
Respecto de las condiciones de infraestructura, advirtieron una serie de carencias, entre ellas la insuficiencia de servicios higiénicos, ausencia de camarines y duchas, falta de una segunda muda de uniforme, utilización compartida de chalecos balísticos en mal estado, escasez de botiquines, linternas y elementos de señalización, además de problemas en los sistemas de radiocomunicación por depender de teléfonos celulares con aplicaciones móviles. También señalaron que varias cámaras instaladas en patrullas se encuentran fuera de servicio y que existe una cobertura insuficiente de cámaras municipales.
La presentación también incluye observaciones relacionadas con la gestión y la transparencia, donde los funcionarios cuestionan el uso de patrullas para tareas ajenas a la seguridad, la compra de equipamiento con recursos propios, la existencia de funciones de mando ejercidas por personal contratado a honorarios sin formalización, la falta de reconocimiento a actuaciones destacadas y la inexistencia de un organigrama claro para el servicio.
Frente a estas denuncias, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, aseguró que el municipio está disponible para revisar las observaciones planteadas y afirmó que durante el último año y medio se han logrado avances en materia de seguridad comunal. No obstante, reconoció que aún existen aspectos susceptibles de mejora para fortalecer el servicio y resguardar a los funcionarios.
Por su parte, el concejal Jorge López señaló que uno de los principales desafíos pendientes corresponde a la falta de conductores para la flota municipal, indicando que actualmente existen 14 vehículos operados por solo cinco funcionarios.
Finalmente, los trabajadores vincularon sus demandas con la próxima entrada en vigencia de la Ley 21.802 de Seguridad Municipal, prevista para el 12 de agosto de 2026, asegurando que el municipio aún no ha adecuado contratos, funciones, protocolos ni su estructura institucional a las nuevas exigencias legales. En ese contexto, solicitaron al Concejo Municipal revisar los antecedentes, impulsar evaluaciones administrativas y avanzar hacia un modelo de seguridad municipal con mejores condiciones laborales, mayor respaldo operativo y un marco jurídico acorde a la nueva normativa.
